La Comisión de Justicia, presidida por la asambleísta Marcela Aguiñaga, continúa con el tratamiento y debate del proyecto de reformas al Código de la Niñez. Hoy receptó la opinión de Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, quien se mostró a favor de la corresponsabilidad y tenencia compartida.
“En todo momento hay que precautelar que en la normativa se desarrollen, cabalmente, los derechos de niños, niñas y adolescentes, recogiendo, para tal efecto, las disposiciones de la Convención de Derechos de la Niñez, del Comité de Derechos de la Niñez de las Naciones Unidas y la Constitución del Ecuador”, sostuvo.
Expresó que la Defensoría cree necesario dar paso a la corresponsabilidad y tenencia compartida, misma que puede ser valorada por el juez, pero si se trata, en primera instancia, de lograr un acuerdo entre los progenitores.
Tema de alimentos en el exterior
Propuso regular el tema de alimentos en el exterior, que es un problema invisibilizado. Hay que tomar en cuenta que existe mucha migración de personas que tienen sus hijos en Ecuador y a quienes no se les facilita el beneficio de alimentos por la falta de coordinación con movilidad humana.
Precisó que la Cancillería aplica una norma que dispone guardar en reserva los datos de los ciudadanos y la confidencialidad con respecto a estos, por lo que muchas veces quien debe solicitar alimentos no conoce el domicilio de una persona, no puede obtener la información y peor, demandar.
“Sin embargo, existen convenciones internacionales que indican que los derechos de alimentos deben estar por encima de la confidencialidad de la información, así el Código debe dar viabilidad a que los demandantes conozcan los domicilios que han sido registrados en los consulados”, agregó.
No a la rendición de cuentas
“La rendición de cuentas no debe prosperar, ya que puede convertirse en una norma de conflicto”, alertó Rivadeneira Silva.
Con respecto a la situación del pago de pensiones alimenticias y la privación de libertad, sostuvo que la alternativa es establecer una medida parcial, que posibilite a los padres que no cumplen con sus obligaciones pasar las noches en los centros de detención y al siguiente día acudir a sus trabajos y buscar mecanismos para el pago efectivo a favor de la niñez.
